Resumen: PRIMERO.- Dª Camino formuló demanda frente a D. Gumersindo en la que solicita la disolución del matrimonio y del régimen económico matrimonial y la adopción de las siguientes medidas: patria potestad compartida del hijo menor de edad, atribución exclusiva de la guarda y custodia a la madre con el régimen de visitas que detalla a favor del padre, pensión de alimentos con cargo al padre de seiscientos (600) euros mensuales, actualizables anualmente conforme al IPC, gastos extraordinarios en proporción 70% padre y 30% madre, atribución al padre del uso de la vivienda que fue domicilio conyugal por un periodo máximo de dos años y pensión compensatoria a favor de la demandante de 200 euros al mes, por un periodo de tres años, a la que se opusó el demando en cuanto a las medidas referente a la guarda y custodia del menor, que solicitó fuese compartida, por turnos semanales, con dos visitas intersemanales con el régimen de estancias que detalla para los periodos no lectivos, manutención con cargo al progenitor que tenga al menor en su compañía y gastos no individualizables y gastos extraordinarios por mitad.
Resumen: La Delegación del Gobierno ha cumplido con la petición de informe al Ayuntamiento de Mérida, cuestión distinta es que la Entidad Local no haya emitido el mismo. El solicitar informes a otros organismos no puede ser motivo de reproche, pues constituye una garantía de acierto para la Delegación del Gobierno que ha emitido una Resolución motivada basada en la situación de emergencia sanitaria. La fase I del procedimiento de desescalada en que se encuentra Extremadura no significa que el riesgo de contagio no exista y que no deban adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los intervinientes en la manifestación, los funcionarios del CNP y de la Policía Local que intervienen por razones de seguridad y de control del tráfico y de todos los ciudadanos, pues un repunte del número de contagiados afectaría a un número elevado de habitantes debido a que el índice de contagio del virus es muy elevado. La parte actora limita la concentración a menos de treinta personas, pero no aporta dato alguno que acredite que no se excederá de dicho número. No se ofrecen medidas de seguridad para garantizar que durante la concentración con pancartas y un equipo de sonido los participantes mantengan la distancia social necesaria y no se retiren la mascarilla para apoyar en voz alta los objetivos de la manifestación. La duración de la concentración durante una hora y media también facilita que las medidas de seguridad no se mantengan. Por todo ello, se desestima el recurso.
